Nuestra ciudad, Capital
de la República y del Distrito, durante los últimos años se ha
visto inmersa en graves problemas que han afectado los derechos de
las bogotanas y bogotanos: crecimiento de los niveles de corrupción
administrativa; inseguridad -residencial, comercial, industrial y
humana; movilidad, microtráfico de estupefacientes, contaminación
del aire, visual y auditiva, violencia intrafamiliar específicamente
en los niños, niñas y la mujer, ocupación del espacio público,
desplazamiento, damnificados por la ola invernal, exclusión de las
poblaciones vulnerables -recuperadores de oficio, afrocolombianos,
desplazados, entre otros.
La gestión de la
Personería de Bogotá ha sido cuestionada por la opinión pública y
por el Concejo. Los temas más relevantes de la ciudad caminaron
huérfanos y sin medidas oportunidades y eficaces de control por
parte de la entidad: movilidad, finanzas públicas, servicios
públicos domiciliarios, sistema integral de transporte público,
ejecución de los contratos a cargo del IDU Fase III del Transmilenio
y de la carrera 10, la construcción de colegios y hospitales, entre
otros. Aunado a la anterior, señalamientos de corrupción, nomina
paralela, omisiones en el cumplimiento de las funciones, y el archivo
del 80 % de las investigaciones disciplinarias.
La bogotanos y bogotanas
demandan un organismo de control activo que adopte las medidas
correctivas frente a las irregularidades de los funcionarios de la
administración pública del Distrito.
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